Las autoridades mexicanas anunciaron el martes que enviaron a Estados Unidos a 26 miembros operativos de cárteles capturados, en un aparente intento por aliviar la intensa presión a la que se enfrenta el país por parte del presidente Donald Trump para que haga más por combatir a los poderosos cárteles que pasan fentanilo a través de la frontera.
El traslado es la segunda medida de este tipo adoptada por las autoridades mexicanas, quienes en febrero enviaron a 29 líderes de cárteles a Estados Unidos, una decisión que suscitó un debate en México sobre el fundamento jurídico y el sentido político de esa maniobra.
Durante meses, México se ha visto sometido a una intensa presión por parte de Trump, quien ha amenazado con imponer altos aranceles por cuestiones como la inmigración y la lucha contra los cárteles de la droga. Aunque el gobierno mexicano se ha esforzado por frenar la inmigración y ha lanzado una agresiva campaña contra el cártel de Sinaloa, de manera constante las autoridades estadounidenses han pedido más acciones.
El viernes, The New York Times informó que Trump había ordenado en secreto al Pentágono que utilizara la fuerza militar contra los cárteles latinoamericanos que su gobierno ha considerado organizaciones terroristas.
En los últimos días ha habido conversaciones entre funcionarios mexicanos y estadounidenses sobre el traslado, según cuatro personas con conocimiento de las conversaciones que hablaron con la condición de mantener su anonimato para describir negociaciones privadas.
El martes, el gobierno mexicano dijo que las 26 personas trasladadas eran “requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública”. Dijo que el Departamento de Justicia estadounidense se comprometía a no solicitar la pena de muerte para los presos.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum en un comunicado y añadió: “Este traslado es otro ejemplo de lo que es posible cuando dos gobiernos se mantienen unidos contra la violencia y la impunidad”.
Las autoridades no identificaron inmediatamente a las personas extraditadas. No estaba claro si habían sido condenadas por delitos en México o si estaban recluidas en prisión a la espera de juicio.
Por otra parte, el martes, la fiscalía general de México anunció que había extraditado a Estados Unidos a una mujer acusada de tráfico de drogas a través de la frontera en 2016 y 2017. No estaba claro si se trataba de uno de los 26 agentes acusados extraditados.
El viernes, la noticia de la directiva del Pentágono de Trump pareció sorprender a Sheinbaum, quien había estado diciendo que funcionarios mexicanos y estadounidenses estaban cerca de un acuerdo de seguridad para ampliar su cooperación en la lucha contra los cárteles. En declaraciones a los periodistas poco después de conocerse la noticia, rechazó rotundamente la idea de que fuerzas militares estadounidenses operaran dentro de México sin el permiso de las autoridades mexicanas.
“Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado”, dijo la mandataria. “No está permitido, ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos, no han planteado… Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que: ‘No, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no’”.
Las extradiciones de México a Estados Unidos se han vuelto relativamente frecuentes, pero rara vez se han producido tantas en un periodo de tiempo tan corto. Cuando México ha extraditado a personas en el pasado, normalmente han sido una o dos cada vez. Este año, las autoridades mexicanas han enviado a 55 personas en dos movimientos radicales.
No todos dentro del gobierno mexicano están de acuerdo con la estrategia. Algunos funcionarios de Sheinbaum consideraron que era una mala idea entregar a los 29 miembros del cártel en febrero, a principios del segundo mandato de Trump, antes de que el gobierno mexicano hubiera cerrado un acuerdo bilateral de seguridad o un acuerdo arancelario, según dos personas cercanas al gobierno actual.
Incluso después de esas extradiciones, Trump ha amenazado con imponer aranceles más elevados a México y ha planteado el uso del ejército estadounidense para luchar contra los cárteles. El gobierno mexicano perdió una moneda de cambio que podría haber sido valiosa en las negociaciones bilaterales, creen esos funcionarios.
“El gobierno de Sheinbaum intenta demostrar que está dispuesto a colaborar en estos temas de seguridad”, dijo Cecilia Farfán Méndez, analista de seguridad de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, organización con sede en Suiza. “Enviar una nueva cantidad de presuntos delincuentes a Estados Unidos no es algo que le preocupe al mexicano promedio, pero llega muy lejos con Washington”.
Sin embargo, otros opinaron que utilizar las extradiciones para intentar apaciguar al gobierno de Trump podría socavar las instituciones de México.
“Cada vez estamos más acostumbrados a que México subcontrate su justicia penal a Estados Unidos”, dijo Carlos Bravo Regidor, analista político mexicano. “Es una especie de admisión implícita de que no podemos juzgarlos aquí. No podemos procesarlos en nuestro sistema”.
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