Los legisladores de Texas aprobaron el miércoles permitir a los ciudadanos privados demandar a los fabricantes de píldoras abortivas, a los médicos y a cualquiera que envíe el medicamento por correo, lo que prepara al estado para ser el primero en intentar acabar con el método de aborto más común .
La ley sería la primera de su tipo en Estados Unidos y agregaría otra capa de restricciones al aborto en Texas, que tiene algunas de las más duras del país y ya prohíbe casi todos los abortos.
El proyecto de ley ahora pasa al gobernador republicano Greg Abbott, quien se opone al aborto y se espera que lo promulgue. Entraría en vigor en diciembre, aunque es casi seguro que generará impugnaciones legales por parte de los defensores del derecho al aborto.
Quienes apoyan la propuesta, aprobada en votación final en el Senado texano, controlado por el Partido Republicano, la consideran una herramienta clave para hacer cumplir la prohibición estatal y proteger a las mujeres y los fetos. Quienes se oponen la consideran no solo otra forma de frenar el aborto, sino también de intimidar a los proveedores fuera de Texas que cumplen con las leyes estatales. También afirman que fomentaría una forma de vigilantismo.
La medida facultaría a los ciudadanos para ejercer la autoridad
Según la medida, los residentes de Texas podrían demandar a quienes fabriquen, transporten o proporcionen medicamentos abortivos a cualquier persona en Texas por hasta $100,000. Las mujeres que reciban las píldoras para su propio consumo no serían responsables.
Según el proyecto de ley, se podría ordenar a los proveedores el pago de 100.000 dólares. Pero solo la mujer embarazada, el hombre que la embarazó u otros familiares cercanos podrían cobrar la cantidad total. Cualquier otra persona que demandara recibiría solo 10.000 dólares, y los 90.000 dólares restantes se destinarían a obras de caridad.
Los legisladores también añadieron disposiciones para abordar la preocupación de que las mujeres fueran denunciadas por intentar interrumpir un embarazo por parte de hombres que las violaron o de parejas abusivas. Por ejemplo, un hombre que embarazó a una mujer mediante agresión sexual no sería elegible.
La medida contiene disposiciones que prohíben hacer pública la identidad o los detalles médicos de una mujer que recibe las píldoras.
No fue hasta que se agregaron esas disposiciones, junto con el límite de un pago de $10,000 para personas que no sufrieron daños a causa del aborto, que varios de los principales grupos antiaborto de Texas respaldaron el proyecto de ley.
Texas Right to Life, uno de los grupos antiaborto más destacados del estado, la calificó como la “ley pro vida más fuerte” del país.
“Esta tendencia está matando a decenas de miles de bebés al año y dañando a sus madres, pero hoy, nuestra ley se convirtió en un modelo para el resto del país”, dijo John Seago, presidente del grupo.
La idea de recurrir a la ciudadanía, en lugar de a funcionarios gubernamentales, para hacer cumplir la prohibición del aborto no es nueva en Texas. Fue un elemento central de la ley de 2021 que restringió el aborto allí meses antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos diera vía libre para la entrada en vigor de otras prohibiciones estatales.
En la ley anterior, los ciudadanos podían cobrar $10,000 por presentar una demanda exitosa contra un proveedor o cualquier persona que ayudara a alguien a obtener un aborto. Sin embargo, esa medida no buscaba explícitamente perseguir a los proveedores de otros estados.
“Es un intento de convertir la prohibición del aborto en Texas en una prohibición nacional”, declaró la senadora estatal demócrata Carol Alvarado antes de que el proyecto de ley pasara la votación final. “Si California o Nueva York intentaran imponer sus leyes de armas o políticas climáticas en Texas, esta legislatura se indignaría”.
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